miércoles, 20 de julio de 2011

Ley de racismo y toda forma de discriminación camuflada

El proyecto de ley contra el racismo y la discriminación, ha suscitado una ola de protesta generalizada por la inclusión de dos artículos que permitiría cancelar las licencias de medios de comunicación que difundiesen declaraciones u opiniones racistas. El carácter genérico de la redacción que está considerando el Senado boliviano, justifican el temor de que haya una utilización política, abusiva de esta ley, para coartar la labor informativa de quienes sean identificados como medios críticos al gobierno nacional.
En Bolivia, como en muchas otras naciones regidas por gobiernos que han caído en la pretensión totalitaria, las buenas intenciones de muchas leyes se han convertido en el camuflaje que oculta gravísimos atentados contra las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Obviamente, nadie se opone al concepto general de procurar una sociedad en la que todo ser humano sea respetado en su dignidad de persona y, por la tanto, no sufrir discriminaciones. Sin embargo, está claro que en este caso, la lucha contra el racismo está siendo instrumentalizada para tener una amenaza permanente sobre los medios de comunicación independientes, que ante el temor de ser clausurados, caerían inevitablemente en la autocensura.
No solo que este tipo de medidas no contribuirán a superar los problemas de racismo o discriminación que efectivamente existieran, sino que profundizaran las divisiones al interior de la sociedad boliviana, porque no prevén adecuadamente como se comprobaran y procesaran las denuncias, máxime si el sistema judicial boliviano no tiene las mínimas condiciones de actuar con independencia, dado que la mayoría de los miembros de la Tribunal Supremo de Justicia tienen carácter interino y han sido nombrados mediante decreto supremo por el presidente del Estado, al igual que el Tribunal Constitucional, el que además solo tiene carácter liquidador de causas presentadas hasta febrero de 2009, con lo cual los derechos de los ciudadanos bolivianos no tienen una instancia que los proteja efectivamente.

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